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Protección de Datos y Google mantienen un pulso sobre la responsabilidad de todos nuestros datos que circulan por la Red. Ahora la Audiencia Nacional tendrá que decidir hasta qué punto el buscador ha de retirar contenidos de sus índices y cachés a petición del dueño de esos datos. Es decir, deberá decidir qué papel tienen los buscadores en el 'derecho a ser olvidado' de los ciudadanos.
El llamado 'derecho al olvido' o el 'derecho a ser olvidado' no tiene, curiosamente, una definición concreta. Según el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, "se trata de un concepto que está adquiriendo cuerpo últimamente, y que no es más que una ampliación tanto del derecho de cancelación de datos como del derecho de oposición, pero en Internet".
Es decir, "se trata de un derecho preexistente, que en nuestro país tiene regulación desde el año 92". "En los últimos años", prosigue Rallo, "el fenómeno de Internet ha singularizado este derecho a este entorno". La Red, de hecho, tiene sus propias "peculiaridades, no sólo en la eliminación de datos, sino por el efecto expansivo, global y eterno de los mismos".
La responsabilidad de los datos publicados en Internet queda delimitada, sobre todo, por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Rallo recuerda que se trata de una reponsabilidad compartida entre, por un lado, el sitio web que efectivamente los publica y, por otro, el buscador".
"No existe un derecho global a indexar información en Internet, lo que sucede es que es aceptado por los beneficios implícitos", afirma.
"Si una orden de retirada o suspensión -ya parta de un juez o de la propia AEPD- no es cumplida, siempre que sea técnicamente posible, también genera una responsabilidad", puntualiza Rallo.
'Derecho a ser olvidado'
¿Es posible 'desaparecer' en Internet hoy en día? Para Artemi Rallo, "esto es cada vez más difícil, pero es posible minimizar el alcance de unos datos concretos". Y puntualiza que "el problema no es que existan unos datos en un sitio web concreto, sino el efecto de los motores de búsqueda, especialmente el monopolio 'de facto' Google, que difunde esos datos urbi et orbe".
Y pone el ejemplo de una persona que teclea su nombre y se encuentra enlazado en el buscador el enlace a una sentencia condenatoria de hace años, una multa, un induslto tras una causa judicial... Hechos de un pasado que vuelven al presente y pueden perjudicar a esa persona en la búsqueda de un trabajo o, en general, afectar a su reputación. "El buscador, para bien o para mal, hace accesible esos datos a cualquiera", comenta Rallo.
"Si los datos aparecen en un sitio web, se solicita su retirada y se cancelan, pero pueden darse supuestos como que esa publicación esté amparada por otros derechos, como el de la libertad de expresión -caso de los medios de comunicación- o bien que la publicación de esos datos esté amparada por ley, que es lo que sucede con lo publicado en los boletines oficiales", apunta Rallo.
"En esos casos, pedimos a Google que haga lo posible para eliminarlos de sus índices, en la medida que permita el estado actual de la tecnología", añade.
Problema creciente
La solicitudes de tutela por parte de los ciudadanos a Protecciópn de Datos en asuntos relacionados con el 'derecho a ser olvidado' han ido creciendo vertiginosamente de año en año. Así, en 2007 sólo hubo tres, en 2008 hubo 18, la cifra aumentó en 2009 a 57, y ya eran 31 entre enero y mayo de 2010, según datos facilitados por la propia Agencia
Al ser un problema que aumenta tan rápido, Rallo no cree que las medidas que se están tomando para proteger el derecho de los usuarios a controlar sus propios datos en la Red sean suficientes. "A medida que todo esto crezca más y más, cada vez serán más los ciudadanos que demanden su 'derecho a ser olvidades' en Internet".
"El problema es que en Internet se llega tarde siempre que hablamos de garantías; muchos de los servicios que tienen un enorme éxito, y no sólo buscadores, sino también redes sociales, por ejemplo, no han sido diseñados en origen para garantizar una efectiva protección de datos", afirma Rallo, y añade: "Cuanto antes de desarrollen los marcos legales y las tecnologías de protección de datos, mejor".
Fuente: www.elmundo.es
