Facebook tiene más de 750 millones de usuarios registrados, muchos de los cuales poseen una característica en común: comparten información personal, al igual que datos relacionados con amigos y familiares. Esto no sólo convirtió al sitio en el blanco ideal de los hackers, sino que también representa un atractivo para organismos gubernamentales, como los organismos de seguridad.
De hecho, la compañía recibió varias peticiones para aportar material generado por sus miembros, durante los últimos años. Pero el problema es que, según una investigación de la agencia Reuters, en más de una ocasión lo hizo sin dar aviso alguno a las personas afectadas, lo cual significaría la violación de sus derechos a la privacidad y a contar con un debido proceso.
Según el informe elaborado tras analizar la base de datos de información judicial Westlaw, los jueces federales de los Estados Unidos aprobaron unas dos docenas de solicitudes para investigar cuentas de los usuarios, generalmente sospechados de haber cometido delitos sexuales o participar en actividades terroristas. Los contenidos incluyen publicaciones en el Muro, fotografías, enlaces, vídeos, mensajes, eventos y hasta solicitudes de amistad rechazadas.
Algunas de las oficinas que pidieron este material fueron el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), y la Immigrations and Customs Enforcement Agency (ICE). La red social contestó con Neoprints (todos los textos almacenados en las cuentas) y Photoprints (muestras de fotos), según los términos utilizados en manuales que habría creado el propio Facebook.
Algo similar ocurrió en enero con Twitter, cuando un juez quiso obtener de forma secreta los tweets y otros datos de Julian Assange (fundador de WikiLeaks) y sus colaboradores, solicitud que fue rechazada por la compañía. Desde Facebook, por su parte, aclaran que niegan el acceso a oficiales que simplemente quieren buscar posibles delincuentes dentro del servicio. Pero igualmente, estos casos deberían ser el punto de partida para analizar cuáles son los límites a la confidencialidad de nuestra información, a los efectos de cumplir con las leyes.
De hecho, la compañía recibió varias peticiones para aportar material generado por sus miembros, durante los últimos años. Pero el problema es que, según una investigación de la agencia Reuters, en más de una ocasión lo hizo sin dar aviso alguno a las personas afectadas, lo cual significaría la violación de sus derechos a la privacidad y a contar con un debido proceso.
Según el informe elaborado tras analizar la base de datos de información judicial Westlaw, los jueces federales de los Estados Unidos aprobaron unas dos docenas de solicitudes para investigar cuentas de los usuarios, generalmente sospechados de haber cometido delitos sexuales o participar en actividades terroristas. Los contenidos incluyen publicaciones en el Muro, fotografías, enlaces, vídeos, mensajes, eventos y hasta solicitudes de amistad rechazadas.
Algunas de las oficinas que pidieron este material fueron el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), y la Immigrations and Customs Enforcement Agency (ICE). La red social contestó con Neoprints (todos los textos almacenados en las cuentas) y Photoprints (muestras de fotos), según los términos utilizados en manuales que habría creado el propio Facebook.
Algo similar ocurrió en enero con Twitter, cuando un juez quiso obtener de forma secreta los tweets y otros datos de Julian Assange (fundador de WikiLeaks) y sus colaboradores, solicitud que fue rechazada por la compañía. Desde Facebook, por su parte, aclaran que niegan el acceso a oficiales que simplemente quieren buscar posibles delincuentes dentro del servicio. Pero igualmente, estos casos deberían ser el punto de partida para analizar cuáles son los límites a la confidencialidad de nuestra información, a los efectos de cumplir con las leyes.
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